El dolor de cabeza de muchos alcaldes y alcaldesas del último año, es especialmente el artículo 11 “Costas de la gestión de los residuos” de la ley española 7/2002 de Residuos

Este famoso artículo 11 dice que en un plazo máximo de 3 años desde la entrada en vigor de la ley (esto es el 10/4/25) los entes locales establecerán obligatoriamente “una tasa (..) de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y NO DEFICITARIA, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste de tratamiento de los residuos, incluido vertederos, las campañas de concienciación y comunicación, (..).”

Aquí viene el dolor de cabeza de la mayoría de los 947 ayuntamientos del país, las febras que tienen secretarios, interventores, técnicos y concejales, para cuadrar los cuentas.

Resumiendo, claro y meridiano: la tasa que pagan los vecinos y vecinas debe cubrir el coste total del servicio de recogida y tratamiento de residuos, RAS y CORTO, se ha terminado de jugar a hacer política con la tasa de residuos.

Se ha terminado la vieja política de ir a las elecciones municipales con mensajes del tipo.

Según el informe de la Agencia de Residuos sobre “Las tasas de residuos de Cataluña 2023” elaborado por ENT, con datos de 140 municipios, estima que, para 2022, la recaudación de tasa tenía una cobertura del 59,25% del coste total del servicio. La realidad, y basta con ver en la prensa local, nos dice que muchos ayuntamientos están lejos de la plena cobertura.

Por tanto, la realidad es muy simple, aproximadamente el 40% del coste total del apartado de los residuos está cubierto por la caja común del presupuesto municipal, afectando a unos recursos que podrían ser destinados a otros servicios. En el fondo, este 40% está cubierto también por los ciudadanos, por el resto de impuestos que se pagan habitualmente (especialmente el IBI, Vehículos, Obras o la plusvalía..). Por tanto seamos realistas, hoy en día como ciudadanos pagamos lo realmente el 100% del coste del servicio, lo que pasa que está amagado entre las múltiples partidas del presupuesto municipal.

Por tanto, realmente no hablamos de incremento de la tasa, sino de la TRANSPARENCIA de la tasa.

Hecha esta aclaración, hay que entender el espíritu del legislador, al tomar esta medida, quiere que el ciudadano sea consciente de lo que paga, de lo que cuesta por ejemplo a una familia de 4 miembros gestionar correctamente los 2.000kg de basura que genera. Y seamos realistas con tasas a 67 euros al año por una familia no hay recorrido para ello.

Y la tasa justa es la clave para incrementar los practicantes de la recogida selectiva. El nivel de recogida actual en el país está en el 45%. Después de 25 años de campañas de comunicación, estamos ante un techo de cristal, la ciudadanía convencida ya practica la separación de los residuos en casa por motivos ambientales, por militancia o porque sí.. ahora tenemos que sumar toda aquella población que lo del reciclaje ni le va ni le entra.

No lo olvidemos, reciclar no es un capricho, una moda, una molestia; es una necesidad vital de preservar recursos, de generar puestos de trabajo, de evitar mayor impacto sobre la salud y el medio ambiente. Tengámoslo claro.

 

Josep Maria Tost i Borràs

Consultor